El Senado levanta otro dique contra la amnistía al iniciar el conflicto institucional ante el Congreso

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La política de conveniencia que Pedro Sánchez instauró en España desde 2018 -moción de censura mediante- ha obligado a explorar caminos desconocidos en la política nacional. El mayor de todos, que dormía en el fondo del ordenamiento jurídico, es este choque institucional entre Cámaras, rescatado por el Partido Popular y Vox para hacer frente al desafío de la ley de amnistía.

El pleno para aprobar la rebelión del Senado era, por tanto, terreno inexplorado. Tanto para los ciudadanos como para los políticos, incapaces de explicar con detalle cómo defender una u otra postura. Problemas de las primeras veces. «Vamos a ver qué argumentos esgrime el PP para esta cuestión», afirmaba curioso Juan Espadas , portavoz del PSOE a la entrada al pleno. Incertidumbre que se resolvió poco después.

Antonio Silván, senador del PP, defendió la propuesta apoyándose en el informe de los letrados de la Cámara Alta, el mismo que hace solo unas semanas ponía sobre la pista de esta posibilidad. Una senda que se inició este miércoles en el Senado y que, si no hay sorpresa mayúscula en su paso por el Congreso, acabará dando trabajo al Tribunal Constitucional, obligado a decidir si, como reclaman PP y Vox, la amnistía es una reforma encubierta de la Constitución o si su tramitación como proposición de ley es adecuada.

«La amnistía no es materia de ley, sino de Constitución. Por tanto, solo cabe abordarla mediante el procedimiento de reforma constitucional. Consideramos que el Congreso, al calificar y tramitar erróneamente una amnistía como proposición de ley orgánica, se ha extralimitado en sus competencias, invadiendo así las atribuciones del Senado. Y este es el detonante del conflicto, que al Senado se le obliga a tramitar una auténtica reforma constitucional como una proposición de ley orgánica. Se le priva del poder de rechazarla, el poder que tendría si se hubiera tramitado por el procedimiento correcto», señaló el popular, quien reivindicó que se lleve a cabo un «requerimiento al Congreso solicitando revocar su decisión mediante la retirada de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía». Silván alargó su justificación, desvelando que «nunca antes una cámara se había extralimitado así con la otra y este un recurso moral, ético y constitucional».

Solo Vox, el primero en reivindicar este conflicto de competencias -antes incluso de que los letrados lo apuntaran en su informe-, se unió a la tesis del Partido Popular. «Era necesario antes y ahora plantear un conflicto institucional y desde Vox llevamos avisando meses de ello. Parece que el PP no ha caído en la cuenta hasta disponer de los pertinentes informes jurídicos», apuntó el senador Ángel Pelayo Gordillo, quien acusó a los populares de haber tramitado la norma a pesar de la inconstitucionalidad que supone «amnistiar a los responsables del golpe separatista».

«No arrastren al Senado a este ridículo»

Conocidos los argumentos para presentar el choque institucional, el PSOE acusaba a los populares de haber presentado un recurso que no venía a cuento. «Lo que hay no es un conflicto, es una empanada mental que les está haciendo actuar con las vísceras y no con la razón de la experiencia. No arrastren al Senado al mayor ridículo de su historia. Esta cámara no se lo merece», apuntó el socialista Francisco Manuel Fajardo. «Esto es un disparate», ahondó. Tesis a la que se sumaron sus socios de investidura y de Gobierno. Todos se sumaron a la oposición de un conflicto cuya votación se llevará a cabo al final del pleno, pero que la mayoría popular en el Senado sacará adelante, iniciando un camino desconocido, pero marcado en la ley.

Le tocará el turno ahora al Congreso, que tiene 30 días para responder a este requerimiento de la Cámara Alta. Para que decida si retira la ley de amnistía, al entender los argumentos del PP, o si sigue adelante. Si no emite respuesta o si resultara negativa, la Mesa del Senado debe decidir si eleva la cuestión al Tribunal Constitucional, que tendría diez días para que las partes presenten alegaciones y, a partir de ahí, tendría un mes para decidir sobre el conflicto. Otro dique del PP contra la amnistía y la primera oportunidad del TC de pronunciarse sobre la ley.

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