Yolanda Díaz encarecerá el despido al excluir la caída de beneficios como causa objetiva

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este viernes que reformará el despido en España para cumplir con la doctrina europea con el objetivo de que «no sea rentable» para las empresas y que la indemnización, en caso de despido injustificado, repare «adecuadamente» el daño causado al trabajador, para lo que se tendrán en cuenta sus circunstancias personales. Será como informó este diario una fórmula de despido ‘a la carta’ en función de factores personales y se acometerá este mismo año.

Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas fundamentales que va a desarrollar en esta legislatura su departamento, Díaz ha declarado, como adelantaba ABC, que la regulación española del despido debe adaptarse a las exigencias de la Carta Social Europea y a la doctrina de la Comité Europeo de Derechos Sociales , que ha resuelto que el despido improcedente no cumple con el principio de resarcimiento, tal y como habían denunciado los sindicatos UGT y CC.OO en julio de 2022. La resolución del organismo europeo no es, sin embargo vinculante para España, pero la titular de Trabajo está decida a utilizarlo como excusa para dar el giro a la legislación del despido en España que no pudo hacer en la reforma laboral de 2021.

La vicepresidenta ha reiterado que este debate no va sobre si la indemnización del despido improcedente debe ser de 45 ó de 33 días por año trabajado, sino de que el diseño del despido en España no cumple con la legislación europea.

«Uno de los problemas que tiene la legislación española es que (el despido) no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, entre otras cosas porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho. No es un problema de 33, de 40 o de 45 días, es que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro», ha precisado.

Reformar las causas económicas en el despido objetivo

Para adaptar la regulación a la normativa comunitaria, Díaz ha reiterado que tiene intención de introducir un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente y, por tanto, no justificado, atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada. Como avanzó este diario ese ‘despido a la carta’ tendrá en los factores personales que rodean al afectado, como podrían ser la edad, el número de hijos, la duración del contrato o la situación socioeconómica.

«Esto se va a incorporar a la doctrina de la jurisdicción social, no lo cumplimos en España y que es bastante anómalo (…) Esto es lo que vamos a cambiar, lo vamos a hacer para que se reparen adecuadamente los daños causados a la persona despedida injustificadamente», ha subrayado.

Además, Díaz quiere reforzar las causas del despido objetivo, el que permite despedir a las empresas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con 20 días de salario por año trabajado.

La normativa laboral actual permite efectuar un despido por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.

«Todo lo que va vinculado a las causas, a los despidos objetivos, es necesario que reforcemos las causas. Esto es clave. En las económicas se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto. No es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Bueno, pues algunas cosas tendremos que cambiar», ha apuntado respecto a la posibilidad de despedir por descenso de los beneficios o previsión de pérdidas.

Además, Díaz quiere hacer que el coste del despido sea «verdaderamente disuasorio». «Tenemos que disuadir a las empresas de cometer despidos que son injustificados. Si una resolución judicial dice que el despido es injustificado, que vulneró la ley, no lo podemos permitir. Y algo fundamental, que un despido no sea rentable», ha remarcado.

En este sentido, ha denunciado que «hay grandes empresas» que, en sus planes económicos y contabilidad, tasan lo que les va a costar despedir trabajadores.

Aunque ha afirmado que no puede desvelar el contenido de la resolución que ha dictado el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido en España, que se hará público en julio, ha insistido en que «es fuente de Derecho y, por tanto, hay que cumplirlo».

Díaz ha reiterado además que, gracias a la reforma laboral, las empresas no tienen razones para despedir injustificadamente, pues introduce mecanismos, como los ERTE, que permiten acompañar a las empresas ante coyunturas económicas difíciles para que el despido sea el último recurso.

La ministra ha aprovechado también para recordar que su Ministerio ha llegado a un acuerdo con el Cermi para eliminar el despido automático de las personas declaradas en situación de incapacidad permanente.

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