El jefe de gabinete de Zaplana confiesa que el exministro conocía el amaño de un concurso público y los Cotino admiten las mordidas

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La confesión de tres de los quince acusados en el caso Erial ha marcado la cuarta jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra el exministro Eduardo Zaplana, y otras catorce personas, por tejer una presunta trama que desvió dinero procedente de mordidas al extranjero para blanquearlo y retornarlo a España.

Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana durante su etapa al frente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002, ha reconocido que el concurso público para la privatización de las ITV en 1997 se diseñó para que el grupo empresarial de los Cotino estuviera «en una situación de ventaja». Los empresarios Vicente y José Cotino también han confirmado ante el tribunal que su tío, el entonces director de la Policía Juan Cotino, pactó esas adjudicaciones a cambio de comisiones.

Todos se han alineado con la versión de la Fiscalía tras alcanzar un acuerdo de conformidad para ver rebajada su petición de penas: se enfrentan a 14 años de prisión. Juan Francisco García ha relatado que presidió, a propuesta de Zaplana, la mesa de contratación para la contratación de las ITV, cuyos componentes actuaron ajenos a estas maniobras: «Se hizo todo de manera tan fina», que esos pliegos de condiciones pasaron todos los filtros de la Administración. «Había voluntad de favorecer al grupo Sedesa», ha aseverado.

No obstante, ha apuntado que el exministro estaba al tanto del «especial interés» de Juan Cotino -fallecido en 2020- en la adjudicación -así se lo transmitió en un encuentro en el que Zaplana estaba presente- y de los contactos que ambos habían mantenido. «Lo comenté con él el día después de la adjudicación, una vez se resolvió el concurso», ha señalado García durante su declaración en la vista oral por unos hechos sobre los que se ha mostrado «absolutamente arrepentido».

Fue en ese momento cuando le ofrecieron una comisión del 30%. «Eso quedó así y hasta 2004 no hubo ninguna conversación más», ha continuado. Los Cotino pagaron alrededor de seis millones de euros por varios lotes de las ITV. En 2004, vendieron sus participaciones en la mercantil adjudicataria por 43 millones.

De acuerdo con la declaración de los acusados, un tercio de las plusvalías que se generaron en esa operación se ingresaron en dos sociedades luxemburguesas, Imison Internacional y Fénix Investments, que estarían a cargo de Joaquín Barceló -apodado ‘Pachano’, amigo y testaferro confeso de Zaplana- y el propio García, respectivamente. La primera mercantil la había constituido Juan Cotino en 2001 con 640.000 euros y la gestionaba Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa.


Imagen del empresario Vicente Cotino, este martes, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia


efe

«A partir de ahí lo que me dijo es que esto se tenía que tener para el acuerdo de 1997 por el tema de las participaciones de las ITV y le pregunté que eso para quién era y me dijo que de momento continuara yo al frente de la compañía durante un tiempo indeterminado», ha afirmado Vicente Cotino. «El pago -6,4 millones, según la acusación pública- se produjo cuando en 2005 transferimos las sociedades con sus plusvalías internamente», ha agregado.

Del mismo modo, ha admitido que a través de varias empresas de la familia se hicieron facturas -más de 1,2 millones, según el fiscal, con conceptos falsos- a nombre de una sociedad de Juan Francisco García. El empresario ha asegurado que dejó de tener capacidad operativa y cualquier relación con el dinero a partir de septiembre de 2005, cuando todos ellos -excepto su hermano José, que tuvo una participación menor en el entramado- viajaron a Luxemburgo para formalizar el traspaso.

Una operación sobre la que Zaplana -«amigo íntimo mío de toda la vida»- también estaba al corriente, según su exjefe de gabinete: «En ningún momento hablaba con él como si esos fondos fueran suyos». «No le regalo ni le cedo 2,5 millones de euros a Zaplana. No tiene ni pies ni cabeza», ha reiterado el acusado ante lo descrito por Joaquín Barceló durante su declaración en el juicio la semana pasada. La intervención de García fue «mínima» en Fénix, hasta que regularizó ese dinero con la amnistía fiscal que el Gobierno de España puso en marcha en 2012.

En total se movieron más de 20 millones de euros, según la Fiscalía, que pide para Eduardo Zaplana 19 años de prisión y una multa de cuarenta millones. A los quince acusados se les imputan supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.

Olivas se desvincula del Plan Eólico

Según Anticorrupción, toda la operativa de las ITV se repitió, más tarde, con la adjudicación de tres parques del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana en 2003. Un proceso que inició Zaplana antes de marcharse a Madrid como ministro y ser sustituido por José Luis Olivas. El portavoz del Ministerio Público apunta a que Olivas recibió un «soborno» de 580.000 euros. Tal y como ya habían hecho, un lustro después, los Cotino despacharon sus participaciones en la sociedad adjudicataria por 44 millones.

En su declaración ante el juez este martes, quien sucedió a Zaplana al frente del Gobierno autonómico cuando éste se convirtió en ministro de José María Aznar ha negado cualquier irregularidad. De hecho, se ha desvinculado de este concurso: ni conocía las empresas que se presentaron, ni quienes fueron las adjudicatarias. Cuando se convirtió en presidente de la Generalitat estaba ya todo hecho, ha insistido.

Por su parte, la que fuera secretaria personal de Zaplana, Mitsouko Henríquez, ha defendido que ayudaba en algunos temas a Joaquín Barceló por su amistad con el antiguo dirigente del PP, «igual que a otras personas». Del mismo modo, ha sostenido que los 50.000 euros que le intervinieron en el despacho del exministro eran para gastos y la compra de artículos o pruebas médicas.

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