El fraude fiscal aflorado por la Generalitat por deslocalizaciones ficticias cae un 75%

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El fraude fiscal aflorado por la Agència Tributària de Catalunya (ATC) por deslocalizaciones ficticias, quienes simulan vivir en el extranjero o en otras comunidades, como la de Madrid, para pagar menos impuestos, permitió recaudar 12 millones de euros en 2023, un 75 % menos que en 2022, cuando afloraron 49 millones. Esta caída, entre otros aspectos, es uno de los factores que hizo que en 2023 la ATC redujera ligeramente el volumen total de fraude fiscal descubierto ese año, que fue de 286 millones, frente a los 294 millones de 2022, lo que supone un descenso del 2,7 %.

El departamento de Economía de la Generalitat ha hecho balance este jueves de sus actuaciones para luchar contra el fraude fiscal en 2023, un ejercicio en el que la ATC, la llamada Hacienda catalana, llevó a cabo 54.544 actuaciones, un 7% más, a través de sus áreas de inspección, gestión y recaudación de los tributos de la agencia.

En cuanto a las deslocalizaciones ficticias, el año pasado la ATC descubrió 27 casos de cambios de domicilio fiscal ficticio: 15 a otras comunidades (principalmente a la Comunidad de Madrid) y otros 12 al extranjero (a Andorra básicamente), y todas estas liquidaciones reportaron una recaudación total de 12 millones.

En 2022 la ATC practicó 24 liquidaciones por casos de deslocalizaciones fiscales ficticias, con las que afloró 49,41 millones de euros; en concreto, destapó 14 casos de deslocalizaciones ficticias al extranjero por 44,95 millones de euros y otros 10 casos de deslocalizaciones ficticias a otras comunidades autónomas, con las que se afloraron 4,45 millones más.

La secretaria de Hacienda de la Generalitat, Marta Espasa, ha explicado que el descenso en el fraude aflorado por esta vía se explica por un conjunto de factores.

«Aunque las actuaciones han subido, a veces levantas actas y encuentras importes muy excepcionales y a veces el importe es más bajo», ha dicho Espasa, que también ha argumentado que, cuando se descubren casos de este tipo, otras personas tienden a actuar preventivamente para regularizar su situación o bien que las personas descubiertas evitan volver a reincidir, y todo ello en un contexto de cada vez mayor intercambio internacional de información fiscal.

Por otra parte, también descendió en 2023 el importe de fraude descubierto por bienes situados en el extranjero, es decir, por casos de contribuyentes que no declaran bienes y derechos que poseen en el extranjero.

En 2023 hubo 18 liquidaciones por este tipo de fraude que aportaron 1,6 millones, mientras que en 2022 se detectaron 24 casos por importe de 10,8 millones, lo que implica una caída del 85 %.

Desde que se puso en marcha el plan de prevención y reducción del fraude fiscal, en 2015, la ATC ha descubierto un total de 2.081 millones de euros, y el récord de fraude aflorado se batió en 2021, con 338 millones.

En 2023, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones supuso el 42% del fraude descubierto, con 121 millones, frente a los 103 millones aflorados en 2022.

El segundo lugar lo ocupó el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con 84 millones (29 % del total), el mismo importe que en 2022.

El tercero impuesto más importante en términos de fraude fiscal fue el Impuesto de Patrimonio, que aportó 76 millones, un 27 % del total, frente a los 100 millones aflorados en 2022.

Por otra parte, el año pasado se detectaron 3 millones de fraude fiscal en el impuesto sobre el juego y otros 2 millones entre tributos propios y de otro tipo.

La consellera de Economía en funciones, Natàlia Mas, ha asegurado en la rueda de prensa que se hace «difícil cuantificar la magnitud del fraude fiscal», si bien algunos estudios lo sitúan «entre un 15 o 20 %» del total de la recaudación fiscal, y ha alertado de que si no se actúa para solventar este problema ello puede cuestionar la legitimidad de las administraciones públicas.

Mas ha recordado que la Generalitat solo tiene competencias para aflorar fraude fiscal sobre sus tributos propios y sobre parte de los impuestos cedidos, es decir, sobre una décima parte de todos los impuestos que se generan en Cataluña.

Por otra parte, la ATC ha aumentado en 2023 en un 12 % el personal cualificado para aplicar tributos y se ha recortado la interinidad un 23 %.

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