El PP tacha de «fracaso» la ley de Vivienda del Gobierno y anuncia un plan alternativo

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La secretaria general, Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, han presentado el programa Plan + Vivienda, con el que el principal partido de la oposición pretende salir al paso de las medidas aprobadas por el Gobierno para tratar de solucionar el endémico problema del acceso a la vivienda de los jóvenes españoles y el continuo encarecimiento de los alquileres a causa de la escasez de oferta y la presión turística en numerosas localidades del país.

Después de reunirse “con todo el sector de la vivienda en sentido amplio”, ha destacado Gamarra, el PP ha elaborado su propio plan, que contiene 16 propuestas que pretenden facilitar el acceso a un alquiler a precio asequible para los jóvenes, mediante un programa de avales a los nuevos inquilinos e incentivos fiscales a los propietarios, la ampliación de la oferta disponible con más suelo a disposición de los promotores y la lucha contra la ocupación ilegal, “uno de los grandes problemas de la sociedad”, según ha subrayado la secretaria general del PP.

En este sentido, Gamarra ha denunciado la “propaganda” que observa en la ley de Vivienda del Gobierno, que ha calificado de “espejismo”, ya que, desde su punto de vista, no contribuirá a ampliar la oferta de pisos de alquiler en el mercado inmobiliario: “A Pedro Sánchez la vivienda solo le preocupa cuando de un proceso electoral depende la suya, la Moncloa”, ha sentenciado la dirigente popular, que ha asegurado que en los seis años que el líder del PSOE lleva como presidente los problemas de acceso a la vivienda se han “agudizado”.

Para el PP, las medidas del Ejecutivo “no funcionan” porque no parten de un “diagnóstico real” del problema, que se resume, desde el punto de vista de la oposición, en “la incapacidad de muchos españoles de poder acceder a una vivienda de propiedad o de alquiler por ausencia de oferta y por la necesidad de una mayor capacidad económica, sin olvidar que la ocupación detrae viviendas del mercado”.

Para combatir estos aspectos de la situación económica el PP ha diseñado las 16 medidas de su plan, que incluye como una de sus principales propuestas poner más suelo en el mercado, ya que considera que la oferta es insuficiente para la demanda existente. Para ello, propone “más flexibilidad en la legislación, menos obstáculos y menos burocracia”, así como garantizar la seguridad jurídica y destinar fondos públicos a la rehabilitación.

Capítulo aparte merecen los incentivos fiscales, en el que el PP propone avales a los inquilinos y seguros para garantizar el cobro del alquiler a los arrendadores. Entre otras propuestas, el plan recoge, por ejemplo, una deducción del 100% en el IRPF para aquellos contribuyentes que pongan en el mercado de alquiler inmuebles que hayan estado en desuso al menos dos años y que vayan destinados a residencia habitual de jóvenes menores de 35 años y con contratos de un mínimo de tres años.

Pero más allá de promover el alquiler, el PP sigue apostando por la propiedad, como es tradicional en España, y por eso propone eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones cuando los  padres, tíos o abuelos transfieran dinero a sus familiares para la compra de una primera vivienda y, además, que en caso de pedir una hipoteca para la compra de un piso los jóvenes puedan solicitar hasta el 95% del importe del inmueble y no solo el 80% vigente desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

En cuanto a la ocupación ilegal, el PP destaca que ha aumentado “más de un 41%” desde que Sánchez llegó a la presidencia, porque, según ha denunciado Gamarra, “sus políticas protegen al okupa y desincentivan al propietario”. Por ello, la oposición propone una ley que garantice el desalojo de la vivienda en 24 horas y se remite a una iniciativa aprobada al respecto en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. “Al okupa no se le protege, se lo desaloja. Menos humo y más políticas concretas y eficaces: más vivienda en el mercado y mayor respaldo económico”, ha concluido la dirigente popular.

Por su parte, la vicesecretaria de desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, ha afirmado que el control de precios de la ley impulsada por el Gobierno ha concitado el «rechazo unánime» de las comunidades autónomas, incluidas aquellas en las que gobierna el PSOE,  Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. “Las zonas tensionadas son un fracaso absoluto. El control de precios solo provoca la contracción de la oferta”, ha argumentado.

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