La fiscal de Madrid invoca a la Junta de Fiscales frente a la orden de rechazar la querella del novio de Ayuso

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La fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid a cargo de informar sobre el futuro de la querella que presentó el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos en su causa sobre delitos contra Hacienda, ha impugnado la orden que recibió de la teniente fiscal del Supremo que le imponía rechazar la admisión a trámite de la iniciativa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Según informaron en fuentes fiscales a ABC, la fiscal, María de la O Silva, ha presentado un escrito con la venia de su jefe, que en esto es el teniente de la Fiscalía Superior de Madrid Carlos Ruiz de Alegría, invocando la aplicación del artículo 27 del Estatuto que regula la Fiscalía, por lo que la decisión de la admisión se tendrá que dirimir en la Junta de Fiscales de Sala. De acuerdo con las fuentes consultadas, la reunión se producirá el miércoles.

El 27 es el precepto del que disponen los fiscales para, en una institución jerárquica, cuestionar la orden de un superior cuando consideran que no se ajusta a Derecho. En este caso, la fiscal de Madrid era partidaria de que se realizasen algunas averiguaciones previas sobre la querella antes de fijar posición, pero en la reunión a la que fue convocada el lunes por la teniente del Supremo María de los Ángeles Sánchez Conde -que está al frente porque el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha abstenido-, recibió una negativa: le impuso informar directamente en contra de que la querella prospere, sin más diligencias ni trámites preliminares.

En ese encuentro, el tercero al que la fiscal y su superior eran llamados sobre este tema, la número dos de García Ortiz sostuvo que no había conducta delictiva alguna en el comunicado objeto de la querella: una nota de prensa donde la Fiscalía de Madrid, para desmentir una serie de informaciones, se apoyaba en extractos literales de los correos electrónicos que en su día intercambiaron el abogado del novio de Ayuso y el fiscal que lleva su caso de fraude a Hacienda, Julián Salto.

Esa difusión es la que, según el querellante, quebró no sólo el principio de confidencialidad en las conversaciones extraprocesales entre las partes, sino que llegó a ser delictiva y en concreto, constitutiva de un delito de revelación de secretos. Señala tanto al propio Salto como a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la difusión.

Sin embargo y tal y como reveló ABC, la fiscal a cargo del asunto no estaba por la labor de promover un carpetazo directo porque entendía que la querella podía tener su recorrido. Había propuesto una solución intermedia: unas averiguaciones previas a fijar posición sobre elementos como el origen de la orden por la que se difundió aquel comunicado.

Si fue el fiscal general -él, la semana pasada, compareció en público asumiendo «la responsabilidad última» de lo ocurrido- el asunto ni siquiera sería competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde está ahora, sino del Tribunal Supremo. Ese es el tipo de detalles que quería pulir Silva antes de fijar posición sobre la querella.

Tras recibir de la número dos de la Fiscalía la «sugerencia» de informar en contra de la admisión, la fiscal pidió que la orden le fuese impartida por escrito, lo que sucedió la semana pasada, de acuerdo a las fuentes consultadas. Es a partir de esa indicación como invoca el artículo 27, que fuerza una reunión de la Junta de Fiscales de Sala, prevista ya para mañana, en la que se habrá de dirimir si la orden tiene sustento y cuál de las dos posturas es la que el Ministerio Público considera acertada.

Ahora serán los primeros espadas de la carrera fiscal los que verán el asunto en la Junta de Fiscales de Sala, compuesta por más de una treintena de miembros de primera categoría y de distintas especialidades y cuyo criterio si bien ha de ser «oído» por el fiscal general del Estado, no es vinculante. La costumbre, con todo, es que se respete su criterio. En este caso además, él decidió apartarse por haber tenido información por la vía de la dación de cuentas de los hechos que rodearon la interposición de la querella.

Las fuentes fiscales consultadas apuestan a que saldrá adelante el criterio de la teniente fiscal, pero la brecha que presumiblemente se abrirá en esa junta supondrá, sin duda, un nuevo toque de atención al fiscal general.

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