La Generalitat deja fuera de la ley el alquiler de temporada en Catalunya

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El Consell Executiu de la Generalitat ha aprobado un decreto ley extraordinario para regular el alquiler de temporada que prohíbe de hecho su uso en Catalunya salvo para la asistencia a eventos recreativos o turísticos. El Govern ha decidido no esperar a que el grupo de trabajo del ministerio de Vivienda acabe sus trabajos para regular este tipo de arrendamientos porque entiende que en Catalunya se ha disparado su “uso fraudulento” para evitar el control de rentas.

La consellera de Territori, Ester Capella, explicó en la rueda de prensa del Consell executiu que la Generalitat introducirá un nuevo artículo en la Ley de Vivienda de Catalunya de 2007, que establecerá que los arrendamientos suscritos por motivos profesionales, laborales, de estudios, para recibir asistencia médica o en momentos de transición hasta acceder a una vivienda habitual se considerarán arrendamientos ordinarios de vivienda, con independencia de su duración, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos y en el caso de Catalunya, si están ubicados en zonas tensionadas, al control de rentas.

El decreto, explicó Capella, regula también la renta máxima del alquiler de habitaciones, al establecer que el alquiler de todos los elementos de la vivienda no podrá superar el precio máximo fijado por la ley para la vivienda completa.

El decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC, esta misma semana, aunque habrá de ser convalidado por la Diputación Permanente del Parlament en un plazo máximo de 30 días. Fuentes del Departament explicaron que los grupos parlamentarios tendrán ahora un plazo de tres días para pedir dictamen al Consejo Garantías Estatutarias, que a su vez tendrá 12 días hábiles para emitirlo, y podría convalidarse entonces en la siguiente reunión de la diputación permanente, a su juicio antes de las elecciones.


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Portavoces de la conselleria reconocieron que el decreto no cuenta con el apoyo del PSC, necesario para lograr su convalidación, pero se mostraron convencidos de conseguirlo aunque la medida deja en la práctica sin contenido la mesa de trabajo del ministerio de vivienda. Para lograrlo, el decreto incluye también la rebaja del 10% al 5% de las fianzas que retiene el Incasol para devolver a los propietarios, para poder destinar esos fondos a cumplir el acuerdo que alcanzaron la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para financiar la construcción de 600 viviendas de alquiler asequible en la ciudad.

El decreto establece también un régimen sancionador, que puede llegar hasta los 900.000 euros por incumplir los requisitos de la ley estatal de vivienda. Esto será cuando se realice una infracción muy grave: alquileres que superen en más de un 30% el índice o que incluyan en el contrato una causa falsa. La infracción será leve cuando la renta supere el índice entre un 10 y el 20% o cundo el contrato no haga constar una causa, o cuando se repercutan al inquilino gastos de gestión, y leve cuando no se haga constar precio del índice, o la última renta, o no se informe de la condición de gran tenedor, o la renta supere en menos del 10% el índice.

El alquiler de temporada se ha disparado desde la aprobación de la ley de vivienda en abril del año pasado, y según los datos del portal Idealista ya concentra el 30% de la oferta en Barcelona, donde muchos propietarios lo utilizan para eludir los topes de alquiler.


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