El móvil del delito, por Alberto Fernández Díaz

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No conozco a nadie que no haya sido víctima, o sus familiares y amigos, del hurto o robo de su teléfono móvil u ordenador portátil. La motivación de los autores de esta fechoría, el móvil del delito, es la simple obtención de un beneficio económico. Sin embargo, cuando el objeto del delito es el teléfono móvil es obvio que el perjuicio causado a quien lo padece va más allá de la propia cuantía del dispositivo sustraído.

El móvil del delito no debe interpretarse únicamente en la actitud o conducta que origina y causa la infracción penal. Cuando es un teléfono u ordenador el objeto sustraído, el móvil, además del valor del dispositivo se le debe adicionar la información personal y profesional que acumula. Por la tanto, además del disgusto y la repercusión monetaria, conlleva unos perjuicios adi­cionales para la víctima que la ley penal debe sancionar con mayor severidad.

Los legisladores han de ser sensibles al trastorno que conlleva el robo del teléfono

En el móvil portamos nuestras agendas, fotografías, datos bancarios o sanitarios y tantos otros de diversa índole. También puede portarse el permiso de conducir y pronto será posible el DNI. Antaño nos sabíamos de memoria varios números de teléfono a los que marcar, por ejemplo. Ahora solo serían unos cuantos y seguramente escasos. Por lo tanto, esta pérdida de información y datos, transitoria o no, genera una desazón obvia máxime cuando no todo el mundo tiene una copia de seguridad o en la nube para subsanar lo desaparecido.

Hoy el teléfono móvil es una herramienta imprescindible de relación. Su pérdida genera un trastorno importante no siempre subsanable en su totalidad o de forma inmediata y esta constatación debe conllevar un agravamiento de las condenas por su sustracción a la que deben ser sensibles nuestros legisladores.

Es imprescindible reformar el Código Penal y promover mayores condenas para los delincuentes multirreincidentes conllevando incluso el ingreso en prisión, con penas de hasta tres años cárcel. Para ello, cuando un malhechor acumule al menos tres condenas por delitos leves, sus fechorías leves posteriores deben calificarse como delito menos grave y sin precisar, como sucede en la actualidad, de que el valor de lo sustraído por el ínclito supere los 400 euros.

Es menester que la sustracción de un teléfono, ordenador o cualquier otro dispositivo móvil, no solo no esté condicionada en las penas a imponer por acreditar que el valor de lo sustraído exceda de 400 euros, sino que ha de contemplarse agravar la condena al delincuente por el daño moral o perjuicio personal o profesional que causa su hurto o robo.

Ya se recoge en el Código Penal esta consecuencia y una mayor condena por la sustracción de cableado de cobre o de los aparejos de campo, por ejemplo. Es así porque se considera que estos delitos causan un perjuicio muy superior al de la mera valoración de lo sustraído al ser esenciales para las actividades laborales o económicas.

Debiera asimilarse y extenderse esta visión y una mayor severidad de condenas a quienes nos privan de nuestros dispositivos móviles.

El año pasado se presentaron en Barcelona 31.007 denuncias solo por este motivo, casi 100 al día, y eso sin contar a las víctimas de esta plaga delictiva que no lo denunciaron. Cifras, razones y consecuencias no faltan para afirmar y legislar ya que cuando el móvil sea el objeto del delito, el delito ha de ser objeto de una pena mayor al delincuente.

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