El juez propone juzgar al BBVA y a su expresidente González por contratar a Villarejo

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por delitos de cohecho en grado de continuidad y una pluralidad de delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos al banco BBVA y a su expresidente Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2016.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, de 268 páginas, el magistrado pone fin a la instrucción de la pieza separada 9 del denominado caso Tándem y propone juzgar, además de a BBVA y a González, a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales. Por el contrario, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto de once investigados.

El magistrado hace suyo el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que relata que el inicio de los hechos surgió con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Dicha contratación contó con la “expresa aquiescencia” de su presidente ejecutivo, Francisco González, dice el escrito, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

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El magistrado subraya que Villarejo, “haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías, lo que le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso”.

“Conociendo Julio Corrochano esta ‘doble’ actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo Ceny, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal ‘anómalo e ilegal’ recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo“.

González “autorizó y permitió” contratar a Villarejo, según el juez

Según el juez, González lo ”autorizó y permitió“,  ”dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad“. 

A raíz de ello, según indica, se firmaron una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas.

Dichos contratos, en algunos casos verbales, se ejecutaron desde 2004 y al margen del circuito legal del banco y con “total desprecio a la normativa de control jurídico y contable de la entidad.

El auto detalla todos los encargos realizados por la entidad, así como los pagos efectuados al Grupo Cenyt y señala que a lo largo de varios de los años investigados el BBVA fue el principal cliente de la empresa de Villarejo. El magistrado considera acreditado que los investigados eran conscientes de que con dichos contratos se estaba vulnerando la normativa interna de la entidad al contratar con una estructura societaria dirigida por un policía en activo que recababa los datos mediante contraprestaciones a funcionarios policiales en activo, así como obteniendo accesos ilegales a ficheros reservados.

Para el juez, hay indicios que apuntan que González no sólo conocía y autorizó las ilegales actividades para las que había sido contratada la empresa de Villarejo sino que fue por su expresa orden por la que se procedió a contratarle, ”siendo él la persona que recibía los informes elaborados, así como el que disponía del dominio del hecho para su continuidad“.

“El BBVA no ejecutó su código de conducta”

Respecto del BBVA, García Castellón indica que no se puede podemos soslayar que ”la persona jurídica investigada es una gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado doblemente regulado“ por organismos públicos supervisores, como el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España (BE) en cuanto entidad bancaria y, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en cuanto entidad cotizada en bolsa.

“Ello es de importancia desde la perspectiva del respeto a las normas y su implantación en la organización o estructura empresarial en cuanto, con anterioridad a la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya existía normativa de obligado cumplimiento tendente al buen gobierno corporativo”, recalca.

Para el magistrado, no basta con la existencia alegada por el banco de un código de conducta, sino que se tiene que ejecutar y cumplir. “Es decir, “no basta, ni mucho menos, con la existencia de la norma, al resultar imperativo que la misma también se ejecute, esto es, se cumpla. De forma que la cultura ética implique tanto su conocimiento como su respeto, ya que, nada puede ser menos ético que, existiendo la norma exista igualmente la cultura de su incumplimiento sin consecuencias”.

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