La Audiencia Nacional deja al borde del archivo la causa por terrorismo a Puigdemont

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La Audiencia Nacional acaba de poner al borde del archivo toda la causa de terrorismo respecto del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, de la secretaria general de ERC Marta Rovira y del diputado Rubén Wagensberg.

La Sala de lo Penal del órgano judicial ha estimado el recurso de una de las investigadas y ha dictaminados que todas las diligencias practicadas después del 29 de julio de 2021 deben quedar anuladas.

La razón es que el juez Manuel García-Castellón no prorrogó en plazo la instrucción y por tanto todo lo practicado con posterioridad debe quedar anulado. Fuentes jurídicas explican que ahora las partes deben solicitar, si así lo consideran, el archivo de de la causa. Concretamente, Puigdemont y Rovira porque su imputación se produjo en noviembre de 2023, es decir, más de dos años de lo fijado por el tribunal.

Al encontrarse aforado, la parte que afecta a Puigdemont se encuentra en el Tribunal Supremo por lo que será la instructora del asunto Susana Polo, quien deberá analizar ahora el auto de la Sala y decidir si archiva la causa por terrorismo respecto del líder independentista por Tsunami Democràtic.

En noviembre de 2023, con las negociaciones muy avanzadas para aprobar la ley de amnistía, García-Castellón recibió un informe de la Guardia Civil en el que aparecía la secretaria general de los republicanos como “coordinadora política” de Tsunami Democràtic, la plataforma que se sospecha que estuvo detrás de los disturbios en Catalunya tras conocerse la sentencia del procés en 2019.

De todas maneras, fuentes jurídicas explican que hay que esperar a ver cómo se interpreta este auto por el Supremo. Hay que tener en cuenta que en el auto por el que se imputaba a Rovira, el magistrado también actuaba contra el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluis Alay, y sin embargo, la Sala ahora se ha negado a archivar la causa respecto de él.

La Sala explica que Alay constaba en este causa como investigado antes del 29 de julio de 2021, día en que concluyó la fase de instrucción, aunque no hubiere prestado declaración como tal. Los magistrados indican que “será ahora el juzgado el que, con libertad de criterio y ajustándose a las diligencias practicadas dentro del periodo de instrucción que concluyó el 29 de julio de 2021, resuelva lo que considere oportuno”.

Lo que ha hecho el tribunal es estimar el recurso de la secretaria nacional de Moviments Socials de ERC, Marta Molina, al considerar que la prórroga de la instrucción fue “extemporánea”. Ahora García-Castellón, que está a punto de la jubilación, debe decidir si continúa con la causa o dicta el sobreseimiento y para ello, se tendrá que basar solamente en las diligencias acordadas antes del 29 de julio de 2021.

El juzgado consideraba que el plazo de instrucción no llegó a expirar por el auto de 30 de julio de 2021 en el que acordó la prórroga y le “dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna”. Sin embargo, para la Sala de lo Penal este razonamiento del instructor resulta contradictorio. “No cabe sostener sin detrimento de la congruencia, que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado el día 30 siguiente. Aunque ambos hechos, la expiración y su prórroga sean cercanos – están separados por menos de 24 horas- es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo”.

Por todo ello, el tribunal concluye que “la proximidad temporal de expiración de plazo y prórroga no indica continuidad en la instrucción, sino precisamente lo contrario: la solución de esa continuidad”.

Precisamente, la semana pasada los dos jueces -de la Audiencia Nacional y del Supremo- que investigan Tsunami Democràtic preguntaron a las partes sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para ver si lo recogido en la ley de amnistía sobre el delito de terrorismo es compatible con el derecho comunitario.

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